Lo anunció el ministro del Interior del país europeo, Fernando Grande Marlaska. El Gobierno dejará entrar sólo a residentes o por razones de fuerza mayor. La medida supone la suspensión del tratado de libre circulación.

El Ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, anunció el restablecimiento de los controles terrestres en las fronteras españolas, lo que supone la suspensión del tratado de libre circulación en el espacio común europeo de Schengen, a raíz de la crisis sanitaria por el coronavirus, siguiendo los pasos de otros países de la Unión Europea (UE), como Alemania.

La drástica decisión significa de facto un cierre a todos los ciudadanos extranjeros salvo la excepción de aquellos que cruzan los pasos fronterizos, como ocurre con personas de Francia, Portugal o Marruecos, o en el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla, enclaves españoles del norte de África.

España adoptó la medida en coordinación con sus socios del bloque comunitario tras una reunión de los ministros de Interior de los países de la Unión Europea (UE) que forman parte del espacio de Schengen, después de que Alemania secundara a otros miembros como Austria, Dinamarca, Eslovenia o Hungría en el cierre de fronteras unilateral.

El objetivo del cierre de fronteras es «proteger la salud de los ciudadanos», aseguró el ministro de Interior español en una videoconferencia.

«Desde la medianoche solo se permitirá entrar a los ciudadanos españoles, a los residentes en España y a los trabajadores transfronterizos, así como quien acredite causa de fuerza mayor y situación de necesidad», detalló el ministro.

«Las restricciones de entrada no tendrán efecto en el transporte de mercancías para garantizar la cadena de abastecimiento», precisó Marlaska.

Asimismo, el responsable de Interior indicó que «no descarta» el cierre de puertos y aeropuertos para restringir también las entradas por vía aérea y marítima «si las circunstancias exigen esas medidas».

Más de 9.400 personas se infectaron en España con el virus y 335 murieron, según las últimas cifras oficiales, una crisis que llevó al gobierno a declarar el «estado de alarma» por segunda vez desde la vuelta a la democracia, en 1975.